LA OTRA CARA DE LA TELETON 2007

Por  José Roberto Acosta
E-mail: jose.acosta@cesta-foe.org

“EL Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”... así reza el primer inciso del artículo 1 de la Constitución de la República, el cual expresa no solo el reconocimiento de la persona como ser humano, sino que hace referencia a los principios que ponen al Estado al servicio de su población.

Cuando la teoría se contrasta con la realidad, se encuentran diferencias impresionantes, hablar de justicia, seguridad jurídica y bien común en esta sociedad, es referirse a condiciones de las cuales cada día nos alejamos más y más, situación que se vuelve más dramática en la realidad de aquellos sectores que tradicionalmente han sido excluidos, entre estos se encuentra el de personas con discapacidad.

La marginación y el escaso interés por atender las demandas de este sector se evidencia hasta en el manejo y comprensión de conceptos que lo estigmatizan, es triste escuchar a funcionarios públicos, a voceros de instituciones y lo que es peor, a “profesionales” de la comunicación, referirse al sector como personas con “capacidades especiales”, lo que resulta ridículo y ofensivo.

Bastaría con leer la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, documento que en su primer artículo hace referencia al concepto de discapacidad definiéndolo de la siguiente manera: deficiencia física mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Sin embargo, se puede entender que al hablar de personas con “capacidades especiales” no existe mala intención si no más bien ignorancia y dada la bastedad del conocimiento todos y todas somos ignorantes en una u otra cosa, por lo que dicha situación puede ser tolerada; lo que resulta difícil de tolerar es la hipocresía que transpira la clase dominante de este país, ya que generalmente utiliza a las personas con discapacidad para provocar sentimientos de lástima y así mostrar que sus empresas cumplen una función social, aportando considerables sumas de dinero en eventos como la Teletón, que por cierto también les ayuda a evitarse algunos impuestos.

Otro gran número de personas se sienten “buenos cristianos” realizando diversas actividades como: venta de artículos promocionales, recolección de dinero en centros comerciales y lugares públicos, hasta organizando un partido de fútbol, pero al fin y al cabo, todo para una “noble” causa, la Teletón 2007.

Es necesario aclarar que no es estar en contra de la solidaridad y del buen deseo de ayudar a otras personas, de hecho el mismo Jesucristo predicó el amor al prójimo hace más de dos mil años, lo que no comparto es lo que se hace a través de este tipo de eventos, que son más aprovechados por partidos políticos como tribuna electoral y por empresas para hacer publicidad de sus productos o servicios, lo que se traduce en mayores índices de ganancia.

Si de verdad existiera un genuino interés de ayudar en la rehabilitación y reinserción social de las personas con discapacidad, no serían necesarios los discursos de teatro y las lagrimas de cocodrilo de empresarios, políticos, artistas y periodistas; bastaría con conocer, comprender y cumplir la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la cual otorga a las personas con discapacidad derechos como los siguientes:

- A ser protegida contra toda discriminación, explotación, trato denigrante o abusivo en razón de su discapacidad.
- A recibir educación con una metodología adecuada que facilite su aprendizaje.
- A facilidades arquitectónicas de movilidad vial y acceso a los establecimientos públicos y privados con afluencia de público.
- A obtener empleo y ejercer una ocupación remunerada y a no ser despedido en razón de su discapacidad

Lamentablemente, como sucede con la mayor parte de leyes, estos derechos no se traducen en acciones concretas y en beneficios prácticos para las personas con discapacidad; gran número de instituciones públicas y privadas no dispone de acceso arquitectónico para las personas usuarias de silla de ruedas, es peor aún en el caso de las unidades del transporte colectivo, aunque al respecto la ley antes mencionada en el artículo 30 de su respectivo reglamento establece lo siguiente:

“Para la accesibilidad en el transporte público, el ente gubernamental del transporte implementará las medidas para que los empresarios del transporte de pasajeros realicen cambios en sus unidades por unas adecuadas y respeten las paradas de buses autorizadas, para garantizar la seguridad de las personas con discapacidad…”

Otro de los derechos y a la vez necesidades básicas de las personas con discapacidad es todo lo relacionado al trabajo, ante lo cual el reglamento de la mencionada ley, en su artículo 24 establece lo siguiente: “Todo patrono privado tiene la obligación de contratar como mínimo por cada veinticinco trabajadores que tenga a su servicio, a una persona con discapacidad… igual obligación tendrá el Estado y sus dependencias…”

Sería un ejercicio interesante investigar si las empresas que donan cuantiosas sumas de dinero en la Teletón están cumpliendo al menos el artículo 24 del reglamento de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aunque sería una investigación innecesaria porque evidentemente las empresas e instituciones que cumplen este artículo pueden contarse con los dedos de las manos.

Evidentemente falta mucha voluntad política para generar cambios de visión en las instituciones estatales, en función de asumir con responsabilidad el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de un trato digno, sin paternalismo ni lástima, reconociendo que este sector es capaz de valerse por sus propios medios y de participar activamente en la vida productiva del país.

En este sentido existen experiencias valiosas de personas con discapacidad que se han organizado para luchar por el respeto de sus derechos y por mejorar las condiciones sociales y ecológicas de sus comunidades, como es el caso de los grupos que están trabajando en municipios como: Izalco, Santo Tomas, Jucuapa, Ciudad Arce, Tonacatepeque y otros; que sin contar con ningún tipo de apoyo por parte del gobierno central o de empresas privadas, están saliendo adelante con optimismo, solidaridad y arduo trabajo.